El proceso administrativo que afronta el ex funcionario alperovichista Miguel Ángel Brito ante el Tribunal de Cuentas (TC) podría finalizar durante el semestre que se avecina.

En este trámite, a diferencia del caso penal, el ex titular de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU) no pone en riesgo su libertad, pero sí está expuesto a un posible castigo económico. Según el informe más reciente del ente de control, el posible daño al erario por 39 obras no ejecutadas o realizadas parcialmente bajo su gestión (2007-2012) ronda los $2 millones, a valores de aquellos años. El ex director de la DAU aún está a tiempo de subsanar esas observaciones. En algunos casos, sin embargo, no parece que eso vaya a resultarle sencillo.

Esa es la situación del expediente “pista de salud (sobre) ruta 301 (y) camino a La Papelera”, abierto en 2009. La obra consistía en la construcción de un contrapiso que debía rodear la gruta de la Virgen del Valle y decenas de eucaliptos que están en esa intersección, lindante al barrio 1 de Mayo de Lules y cercana a La Reducción. El diseño contemplaba la instalación de pérgolas, equipamiento para gimnasia, merenderos, basureros e incluso de un árbol, cuya especie no estaba estipulada.

Según el juicio de responsabilidad que sustancia el Tribunal de Cuentas, se adjudicó la compra de materiales por contratación directa -gracias a la ley 7.960- a dos empresas. En 2010, se pagó unos $3.000 a Pinturería España SRL por la pintura; y unos $27.000 a DC Construcciones -firma considerada “fantasma” en el proceso penal- por la provisión del resto de los insumos. La investigación administrativa detectó que los materiales no ingresaron al depósito central de la DAU, según el informe oficial de la repartición. Eso explicaría porqué en sus sucesivas visitas al lugar los ingenieros fiscales del TC no encontraron rastros de la caminería ni de los elementos para hacer gimnasia.

Desde el cruce de las rutas se ve la chimenea humeante de La Papelera. Un sexteto de empleados municipales de Lules recoge basura, ramas y pastos secos alrededor de la gruta de la Virgen del Valle. Una placa de mármol recuerda que el monumento fue inaugurado en 2006 por el entonces gobernador, José Alperovich. Alrededor de la imagen hay seis bancos, otro roto y uno más que fue removido desde la base. A unos 20 metros de allí, hace un año, fueron instalados dos arcos pequeños, donde los chicos juegan los fines de semana. Al costado hay un refugio para quienes esperan el colectivo. No hay otras edificaciones.

A poco más de un kilómetro de ese lugar, en la esquina de Presidente Perón y 12 de Octubre, las vecinas Isolina López y Sandra Riestra conversan en la fría mañana luleña. Frente a ellas hay una pista de salud, pero fue inaugurada recientemente por la Municipalidad. “Con esta que tenemos no nos alcanza. Lules creció mucho. A veces, la gente tiene que esperar para usar los aparatos”, se lamenta López.

Lo que resta

El Tribunal de Cuentas, integrado por Miguel Terraf (presidente), Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci (vocales), abrió el juicio de responsabilidad contra Brito en 2013. Las características del trámite administrativo son diferentes al proceso penal.

Por ejemplo, la declaración como imputado comenzó en noviembre de 2017 y, entre audiencias y prórrogas, se extendió hasta marzo pasado. Al contrario que en el juicio oral, Brito no está solo aquí. La instrucción, a cargo de los abogados fiscales Agustín Gollán y Valeria Mibelli, incorporó en abril a ex funcionarios de la DAU y del propio TC y a proveedores de la repartición.

Una vez que estos den su versión y que los abogados fiscales eleven el informe final, el tribunal podrá dictar el acuerdo definitivo, que será absolutorio o contendrá cargo fiscal y multas.